Aplicabilidad del derecho español en la compraventa de mercancías internacionales

Por LOSA & ASOCIADOS ABOGADOS.

Hoy en día, es cada vez más corriente que las empresas españolas suscriban contratos internacionales. En el caso de que surja conflicto, es decisivo determinar cuál es la Ley aplicable al caso concreto.

Habida cuenta de que España ha suscrito la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercancías de 1980, le serán de aplicación las normas contenidas en el referido cuerpo legal siempre y cuando la parte contratante hubiera otorgado de igual forma la referida convención.

La dificultad acerca de la determinación de las normas que deben regir la compraventa internacional de mercancías, surge cuando una de las partes de la compraventa no es firmante de la convención, o cuando su aplicación ha sido expresamente excluida por los contratantes.

Pues bien, dicha cuestión se resuelve mediante la aplicación del Reglamento 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, conocido como Reglamento de Roma-I. Dicho Reglamento contiene normas de conflicto uniformes e iguales para todos los estados miembros de la UE en materia de contratos internacionales.

El Reglamento de Roma-I establece como primer criterio para establecer la ley aplicable la autonomía de la voluntad de las partes que deberá manifestarse forma expresa o bien desprenderse de forma inequívoca de los términos del contrato o de las circunstancias del caso.

A falta de esta determinación, se aplicará la ley de la residencia habitual del vendedor, sin perjuicio de que si del conjunto de circunstancias se desprende claramente que el contrato presenta vínculos más estrechos con otro país, deberá aplicarse la Ley de este último estado. A tal efecto, resulta de interés que la empresa española sea capaz de acreditar dicha conexión ya que la misma podría ser más beneficiosa o, cuanto menos, conocidos los efectos de su aplicación.

Aún en el caso de que se alegue ante el Juez la aplicación de la Ley española por desprenderse del conjunto de circunstancias, que el contrato presenta vínculos manifiestamente estrechos con España, (art.4.3 del Reglamento Roma-I) con carácter subsidiario, se debería solicitar también la aplicación de la legislación del estado contratante a fin de garantizar la prosperabilidad de la acción, en caso de que el Juez no estimase la aplicación de la Ley española.

La oportuna y correcta determinación de la Ley aplicable no sólo es importante a los efectos de evitar futuros conflictos al respecto, sino que, además, resulta esencial al objeto de garantizar la seguridad jurídica de las relaciones comerciales entabladas, así como el éxito en caso de ulterior conflicto judicial sobre el fondo del asunto.

Por ello, y siendo esta una cuestión de especial relevancia y de compleja determinación, resulta siempre recomendable obtener el oportuno asesoramiento profesional previa redacción y suscripción de los contratos en materia de compraventa internacional de mercancías.

 

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